Existe un gran malestar entre los empleados públicos interinos de la Junta de Extremadura, así como entre las personas que forman parte de las listas de espera conformadas con los aspirantes a un empleo público (que aprobaron la primera fase de los procesos de selección convocados para cubrir puestos vacantes como así exige, determina y regula el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura al objeto de salvaguardar principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad); todo ello consecuencia de la ocupación de puestos de trabajo en la institución regional por parte de trabajadores de la mercantil GPEx.
Recordar que diferentes salas de lo Contencioso-Administrativo de diferentes Tribunales Superiores de Justicia (por ejemplo la del TSJ de Andalucía) han acordado suspender todas las resoluciones relativas a encomiendas de gestión a mercantiles. Pues la atribución de potestades públicas al personal de empresas mercantiles, aunque sean públicas, es contraria a Ley y supone una huida del Derecho Administrativo por parte de las instituciones y en dirección, qué duda cabe, hacia la arbitrariedad, vaciando de contenido las funciones y atribuciones de los funcionarios públicos.
En este sentido nuestro sindicato STA-Ex remitió un escrito al Servicio de Atención al Ciudadano de la Fiscalía General del Estado (atencionalciudadano.fge@fiscal.es), escrito a través del cual solicitaba a la FGE que articulara todas las medidas que estén en su potestad para investigar y comprobar si la atribución de potestades públicas al personal de la mercantil GPEx es contraria a Ley y supone una huida del Derecho Administrativo por parte de la Junta de Extremadura y en dirección, qué duda cabe, hacia la arbitrariedad, vaciando de contenido las funciones y atribuciones de los funcionarios públicos; pues la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), dispone, en su artículo 9.2: "En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca".
Pues nuestro sindicato STA-Ex entiende que dichas funciones pueden realizarse, como hasta ahora, por los empleados públicos y funcionarios que tiene la Administración a quien incumbe la planificación y racionalización de sus recursos humanos, sin necesidad de aumentar el gasto.
Hasta el momento de ganar las elecciones autonómicas el PP de Extremadura era de la misma opinión como así se puede comprobar en su propia web (http://www.ppextremadura.com/). Los siguientes párrafos han sido extraídos de la citada web del PP de Extremadura:
"Vara y los anteriores dirigentes de GPEX actuaban como verdaderos agentes del derroche, mientras que exigían austeridad a las familias, las pymes, los autónomos los pensionistas y los funcionarios"
"José Antonio Monago propone a Vara 'recortes muy sustanciales' en la 'administración paralela' montada por la Junta"
"Qué miedo hay a decir quiénes son y cuándo y cómo entraron (los directivos de la 'administración paralela') si lo paga el pueblo extremeño"
"Monago afirmó sobre la entidad GPEX, que agrupa a 15 empresas públicas, que acumula unos gastos de personal de 23.149.000 euros, así como que cuenta con 21 puestos directivos que cobran una media de 65.160 euros anuales"
Pero una vez el PP de Extremadura accedió al poder, y pudo determinar a través de su dedo clientelar quienes de su séquito y mamandurria particular formarían parte como trabajadores asalariados de la administración regional, su criterio sobre la que llamaba "administración paralela" cambió.
Ya no propone el PP de Extremadura "recortes sustanciales en la administración paralela", ni se ocupa o preocupa por saber si la atribución de potestades públicas al personal de la mercantil GPEx es contraria a Ley y supone una huida del Derecho Administrativo; ni le interesa salvaguardar los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad vulnerados como consecuencia de la ocupación de puestos de trabajo en la institución regional por parte de trabajadores de la mercantil GPEx.
Y no le interesa porque ahora es el PP de Extremadura el que determina, a través de su dedo clientelar, quienes de su séquito y mamandurria particular forman parte de los 1.000 trabajadores asalariados de la administración regional contratados (vulnerando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad) a través de la mercantil GPEx.
Además cabría añadir, como así nos trasladan empleados públicos interinos de la Junta de Extremadura, que los contratados a través de la mercantil GPEx disfrutan de unas condiciones horarias privilegiadas; que no constan en los libros de matrícula de los centros de trabajo; que no pagan los costosos derechos de examen, ni realizan duras pruebas de oposición con extenso temario; que las listas de espera están aún en vigor y no están agotadas, por ello la Junta de Extremadura debería de llamar para ocupar puestos de trabajo a quienes están en ellas, dado que hasta que no se agotan no pueden abrir bolsas adicionales y llamar a personal externo de la bolsa legalmente constituída respetando los principios constitucionales de publicidad, capacidad y mérito consecuencia de haber realizado duros exámenes de oposición en igualdad de condiciones.
Fdo.: Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Administración Pública de Extremadura (STA-Ex)
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